LA CAPACIDAD DE INDIGNACIÓN

Por Ydalid Rojas Salinas*

Agradezco la invitación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
por permitirme compartir con ustedes algunas de mis vivencias en la
lucha por la libertad en sus distintas expresiones.

A fines del 2001, Eduardito, un niño brillante, segundo puesto de su
promoción, ingresaba a la secundaria, y ello constituía una verdadera
preocupación para su madre. La razón: «eran testigos de Jehová». En
Arequipa el 99 por ciento de los colegios nacionales de nivel
secundario turno mañana son parroquiales, los restantes son turno
tarde. Y el único colegio nacional matutino no parroquial al que
Eduardito podía acceder estaba ubicado en el polo opuesto de donde
vive. Bajo estas circunstancias sus padres, antes que permitir que
estudie por las tardes, prefirieron matricularlo en un colegio
nacional parroquial. Sin embargo, todos estos centros educativos
exigían para matricularlo, la partida de matrimonio religioso
católico de los padres, la de bautizo del niño y en algunos se
aclaraba que el niño asistiría a misa los domingos y que los padres
debían participar de la «Escuela para Padres» bajo la dirección de un
sacerdote. Prácticamente esta familia tenía que convertirse al
catolicismo para que su hijo pueda estudiar de día en un colegio del
Estado. Y esa era un exigencia que sus padres no estaban dispuestos a
aceptar. Por lo que decidieron matricularlo en el turno de tarde y
exponerlo a los peligros y tentaciones que la oscuridad de la noche
ofrece.

Este hecho generó mi indignación, sentí que el futuro prometedor de
este niño estaba siendo mellado por su opción religiosa, por lo que
decidí investigar el derecho a la libertad religiosa en el país, como
tema de tesis. Al finalizar mi investigación, determiné que el origen
de esta y otras violaciones a distintos derechos, respondían al
reconocimiento que el Estado hace a favor de la Iglesia Católica
comprometiéndose a mantener vigente la colaboración económica que
desde la época de la colonia hasta nuestros días le presta.

Lo paradójico del tema, es que este reconocimiento figura en el mismo
texto constitucional, que consagra el derecho fundamental a la
libertad de conciencia y de religión, y la no discriminación por
motivos religiosos. Pero, además, se trata de un reconocimiento que
se encuentra en abierta oposición a lo establecido por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre la Eliminación
de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la
religión.

Ahora bien ¿cómo se ha concretado este compromiso de colaboración
estatal?

El Perú actualmente, entre otras cosas, subvenciona el mantenimiento
de la jerarquía eclesiástica y el personal civil al servicio de la
Iglesia; el sostenimiento de las arquidiócesis, diócesis, prelaturas
y vicariatos apostólicos; la organización de los seminarios de la
Conferencia Episcopal Peruana; el otorgamiento de becas para la
capacitación de los seminaristas y la construcción de iglesias,
parroquias y centros educativos católicos.

En el campo educativo, la Iglesia goza del derecho a enseñar el curso
de religión católica como parte de la currícula básica.
Adicionalmente tiene la prerrogativa de colocar a los profesores que
dictarán dicho curso, cuyo nombramiento no requiere de concurso
público ni de título universitario como se exige a cualquier docente
que concursa a una plaza; para ser profesor de religión, basta con
que el candidato goce de la aprobación del obispo competente.

En el campo de la Seguridad Social, todos los arzobispos y obispos
que pasan al retiro, gozan de pensiones de jubilación sin haber nunca
antes aportado al Estado.

En el aspecto tributario, la Iglesia cuenta con una serie de
exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias para todas las
actividades que realiza. En ese sentido, está exonerada del pago del
impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, impuesto a las
exportaciones de bienes, el impuesto selectivo al consumo, del
impuesto predial y del impuesto al patrimonio vehicular. Además está
exenta de emitir comprobantes de pago por los servicios que presta.

Fuera de los beneficios económicos y legales, en el plano político
existe una fuerte presencia de la Iglesia, que apreciamos, por
ejemplo en las políticas de salud, de corte represivo, referidas a
los métodos anticonceptivos y los programas para los pacientes con
VIH positivo, políticas que afortunadamente están siendo corregidas
por la actual ministra de Salud. Pero en el debate legislativo sobre
la Reforma de la Constitución se ha menospreciado la expresión de
género, no se ha reconocido el derecho a no ser discriminado por
razón de la orientación sexual y se ha evitado mencionar el tema de
los métodos de planificación familiar. Tema aparte, lo constituye la
influencia de la Iglesia en la estructura patriarcal que impera en
nuestra sociedad.

Como se puede apreciar, la relación de cooperación que el Estado
mantiene con la Iglesia, discrimina a una multiplicidad de
ciudadanos. No sólo hablamos de los no católicos, sino también de los
que siéndolo, en calidad de docentes universitarios, jubilados,
contribuyentes tributarios, mujeres, homosexuales, pacientes con VIH
positivo, sufrimos de discriminación.

Estas conclusiones me permitieron sugerir que la Constitución sea
coherente en su discurso eliminando el sistema de cooperación a favor
de la Iglesia y adoptando una postura laica frente al tema religioso.
Sin embargo, haberme atrevido a hacerlo, me costó la censura moral de
parte de mis familiares y mi entorno social, a quienes, hasta cierto
punto, comprendí tomando en cuenta que se trataba de un tema
demasiado delicado para la tradicional sensibilidad católica de los
peruanos.

Lo más sorprendente fue la reprobación académica por parte de mis
jurados, quienes revisaron mi trabajo con sumo recelo. Uno de ellos
se mostró en abierto desacuerdo y en su desesperación ante la
inminente sustentación de mi trabajo, llegó a decirme que si cambiaba
de postura me otorgarían felicitación pública. Ante mi obvia
negativa, este docente menospreció mi trabajo aduciendo que en él no
había investigación alguna; afirmación que debía probar y al no poder
hacerlo con fundamentos académicos, el hostigamiento se dio, con
trabas administrativas, que nunca faltan en las instituciones
estatales pero que en mi caso tuvieron una especial acentuación.
Entre la fecha en que concluí mi trabajo y mi graduación
transcurrieron ocho largos meses en los que tuve que asistir
diariamente a la universidad para exigir que den curso a mis
trámites, recibiendo respuestas evasivas y muchas veces un trato que
deja mucho que desear.

Al parecer ni mis familiares ni mis profesores estaban dispuestos a
reconocer el problema de discriminación que el sistema privilegiado
de la Iglesia Católica generaba. ¿Cómo objetar el rol de una
institución pilar en la sociedad, además de poderosa?

Y en esos momentos de cuestionamiento social, académico y de maltrato
institucional, por los que estaba atravesando, fueron dos las cosas
que me mantuvieron en pie. Por un lado, la fuerza de mis
convicciones, es decir, la seguridad de que la violación a una serie
de derechos era evidente y no había lugar a dudas por más que mis
profesores universitarios pensaran lo contrario. Por otro lado, la
indignación, aquella indignación que me generó el caso de Eduardito
en quien veía a todos los niños discriminados en un país cuyos
ciudadanos, al parecer, habían perdido la capacidad de indignarse.

El día de mi grado estos dos elementos impidieron que las preguntas
formuladas por mis jurados, en tono agresivo, me aturdieran. En esa
oportunidad la serenidad fue mi mejor aliada para facilitar el
diálogo.

No quisiera dejar de comentar una de las observaciones formuladas a
mi trabajo en aquella oportunidad, porque creo que constituye el
argumento al que más se ha recurrido en el debate nacional para
justificar la posición privilegiada de la Iglesia; me refiero al
criterio de la mayoría: «como la mayoría de los peruanos somos
católicos, entonces el Estado debe prestar un trato privilegiado a la
religión mayoritaria».

El jurado cuestionó la ausencia de estadísticas que informen el
porcentaje de ciudadanos no católicos a quienes pretendía defender;
pese a que la discriminación no sólo afecta a los ciudadanos no
católicos.

Mi respuesta fue que la carencia de estadísticas respondía a la
necesidad de hacer evidente que el criterio porcentual, en cuanto a
atribución de derechos humanos respecta, resulta irrelevante, ya que
éstos son asignados a todos los seres humanos por igual por el solo
hecho de pertenecer a este género y no por pertenecer a un porcentaje
mayoritario o minoritario. La Declaración Universal de Derechos
Humanos es precisa cuando inicia su articulado expresando que todos
los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En
consecuencia, no somos cuantificables sino cualificables. La
calificación que nos atribuimos es la de dignos y merecedores de las
mismas libertades y derechos, para nuestra realización personal. Por
ello nadie puede gozar de más o de menos dignidad por practicar o no
la religión mayoritaria en un país.

La vigencia de sistemas privilegiados en atención al criterio
equivocado de la mayoría provoca situaciones paradójicas como el caso
de la propia Iglesia Católica, que mientras en nuestro país goza de
privilegios jurídicos y económicos por ser mayoritaria en la India es
objeto de discriminación y hostigamiento por ser minoría.

Por eso el problema de fondo consiste en tomar conciencia de que,
independientemente de la religión que constituya la mayoría o la
minoría, el Estado debe procurar la protección de ambos grupos en
términos de igualdad, por una cuestión de dignidad.

Bueno, éstas y otras consideraciones de índole jurídica y no
religiosa fueron esgrimidas el día de mi grado. Sin embargo, a la
hora que tocó dirimir a mis jurados pesó más el prejuicio religioso
que las cuestiones jurídicas, por lo que decidieron aprobarme por
unanimidad pero sin otorgarme felicitación pública, pese a que en mi
Facultad el sólo hecho de graduarse por tesis amerita normalmente
dicho otorgamiento, como reconocimiento al esfuerzo realizado, en
comparación con los alumnos que se gradúan por expediente.

Casualmente, a un año de que aquel reconocimiento académico me fuera
negado, recibí la grata noticia de que el Comité Latinoamericano para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), había premiado mi
ensayo «Un Estado Laico para el Perú» otorgándome el segundo puesto,
en la categoría legal, en un concurso que organizó a nivel de
dieciséis países de América Latina y el Caribe.

Hace poco tuve la oportunidad de asistir, por primera vez, a un
seminario organizado por el Centro Flora Tristán en el que figuraba
el tema Estado Laico; me alegró mucho saber que lo consideran un tema
prioritario de su agenda en la defensa por los derechos de la mujer.
Estas actitudes fortalecen en mí las ganas de seguir adelante en la
lucha solitaria que un día emprendí.

Por eso hoy quiero expresarles mi admiración y reconocimiento por la
labor realizada en nuestro país a favor de la liberación de la mujer,
especialmente, porque se trata de una organización que lleva
veinticinco años sin perder la capacidad de indignación.

*Artículo publicado en el libro «25 años de feminismo en el Perú»,
por el Centro Flora Tristán (Fuente: Movimiento Masa Perú).

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