Valientemente, la señora Grier se negó a pagar la multa y por ello tuvo que presentarse a una audiencia en un tribunal del condado Dekalb. En esa oportunidad, el juez desestimó la infracción porque la ley estatal contra etiquetas adhesivas indecentes –que supuestamente amparaba la legalidad del ticket de US$100– fue declarada inconstitucional en 1990. Sin embargo, el juez no se pronunció sobre la violación a la libertad de expresión política de Denise.

Es por ello que la enfermera ha solicitado que un tribunal federal declare que su etiqueta adhesiva contra el presidente Bush –y, dicho sea de paso, nuevo mentor político del felón García Pérez– está protegida constitucionalmente como libertad de expresión.

Definitivamente, la enfermera tuvo muy buena suerte, probablemente en parte porque su caso fue defendido por la organización American Civil Liberties Union (ACLU). La Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos es una entidad que defiende casos de violación de los derechos civiles de los ciudadanos y residentes en la tierra del Tío Sam.

Si la Grier no hubiera conseguido el apoyo de la ACLU, es probable que su defensa legal le hubiera costado algunos cuantos miles de dólares. Ahora, ustedes me dirán que en Yanquilandia hay “justicia para todos” pero primero tiene usted que caerse con los costos legales de su defensa, que en muchos casos pueden llegar a los miles de dólares, que muy pocas personas tienen para gastar en ocurrencias de esta naturaleza.

Pero hay algo más. Es conocido que, más o menos, en cada localidad de Yanquilandia, existe al interior de sus organizaciones policiales una minoría de elementos que abusan de la autoridad concedida y que, además, se encuentran identificados con la ideología de los sectores politicos norteamericanos más reaccionarios. Por temor a la acción de estos malos agentes, una mayoría de estadounidenses prefiere no expresar su oposición pública a los candidatos de la derecha, para evitar situaciones como la sufrida por la enfermera Grier.

Yo también puedo dar fe de un incidente parecido. Semanas antes de las elecciones presidenciales del año 2004, decidí expresar mi oposición a Bush y a lo que él representa para Estados Unidos, América Latina y el mundo colocando en mi auto un bumper sticker que decía Anybody but Bush (“Vota por cualquiera menos por Bush”). La etiqueta adhesiva que pegué en el parachoque posterior del Honda Prelude era una creación de los grupos pro-paz, anti-guerra en Irak y antiimperialistas que existen en USA.

A fines del año 2004, un día de semana a las seis de la mañana, manejaba el Prelude rumbo al trabajo, cuando un eficiente jefe de policía (cop, en inglés) me ordenó detenerme. Por supuesto, no había cometido ninguna infracción ni tampoco violado ningún límite de velocidad. El atento gendarme me indicó que me había ordenado detenerme ¡por sobrepasar a su carro patrullero! Luego de algunos minutos de tensión en que el cop verificó en la laptop de su patrullero los datos de la licencia de conducir, propiedad del vehículo y seguro, el policía decidió no aplicarme ningún tipo de ticket, seguramente por la falta de evidencias para sustanciar los posibles cargos.

Luego de darle las gracias por los servicios prestados a la nación, proseguí mi camino y al llegar al college pregunté a algunos otros profesores por este extraño caso. Me explicaron que era un incidente que podia considerarse común tratándose de un bumper sticker de claro contenido politico y que éste era uno de los sutiles mecanismos de control político existentes en “el sistema”. No me sorprendió la respuesta pero reflexioné sobre el hecho. Me pregunté, ¿cuántos estadounidenses estarán en condiciones de arriesgar unos cientos o miles de dólares y muchas horas de su tiempo dedicadas a un proceso legal sólo por pegar un bumper sticker en el parachoque posterior de su auto? Me contesté a mi mismo que probablemente no serían muchos.