ESTADO PERUANO VIOLA DERECHO A LIBERTAD RELIGIOSA

Rosa Málaga

LIMA, agosto 5, 2005 (alc). Pese a que las leyes peruanas ordenan la libertad de conciencia y de religión y el derecho a la no discriminación por motivos religiosos, los hechos aparecen distintos.

Ydalid Rojas, una joven abogada católica que investigó el tema, sostiene que el Estado peruano viola sistemáticamente el derecho a la libertad religiosa y otros derechos por su reconocimiento a favor de la Iglesia Católica y la colaboración económica que le brinda.

«Se trata de un reconocimiento que se encuentra en abierta oposición a lo establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión», afirma.

Las conclusiones de su estudio sugieren la eliminación del sistema de cooperación con la Iglesia Católica y que el Estado adopte una postura laica frente al tema religioso para ser coherente con las leyes fundamentarles del país.

La investigadora sostiene que el Estado peruano subvenciona el mantenimiento de la jerarquía eclesiástica católica y el personal civil a su servicio; el sostenimiento de las arquidiócesis, diócesis, prelaturas y vicariatos apostólicos; los seminarios de la Conferencia Episcopal Peruana y la construcción de iglesias, parroquias y centros educativos católicos.

Afirma que la Iglesia Católica goza del derecho a enseñar el curso de religión católica como parte de la currícula básica de la escuela pública y privada y tiene la prerrogativa de colocar a los profesores que dictarán dicho curso, aun sin tener titulo, con la sola aprobación del obispo competente.

Los arzobispos y obispos que pasan al retiro, gozan de pensiones de jubilación sin haber nunca antes aportado al Estado. La Iglesia Católica cuenta con exoneraciones tributarias y franquicias en sus actividades, no paga los impuestos a la renta, a las exportaciones de bienes, selectivo al consumo, predial y vehicular, asegura la abogada.

A este largo listado de privilegios, Rojas agrega otros beneficios económicos, legales y políticos de la Iglesia Católica, como su fuerte presencia en las políticas de salud referidas a los métodos anticonceptivos y los programas para los pacientes con VIH/SIDA.

Rojas eligió estudiar las relaciones del Estado peruano con la Iglesia Católica cuando supo del caso de un niño no católico a quien una escuela parroquial impuso una serie de requisitos católicos como condición de ingreso, obligándolo a migrar a otra escuela.

El hecho convenció a la entonces estudiante de los últimos años de Derecho a investigar el marco jurídico que norma las actividades de la Iglesia Católica para su tesis, enfrentando una abierta oposición de su jurado calificador. Su testimonio fue publicado en el libro «25 años de Feminismo en el Perú» del Centro Flora Tristán.

El Perú suscribió un concordato con El Vaticano el año 1980, siendo presidente de facto el general Francisco Morales Bermúdez, que estableció la continuidad del sistema de subvenciones para la Iglesia Católica, no constituyendo renta sujeta a tributación.

El convenio reitera la vigencia de las exoneraciones, beneficios y franquicias a favor de la Iglesia Católica y le otorga plena libertad para establecer centros educacionales privados y presentar a los profesores de religión en las escuelas públicas, donde se dispone el dictado el curso como materia ordinaria.