¿Cuál es la posición del alanismo en cuanto al dogma neoliberal de la subsidiariedad del estado?

Es probable que en las próximas semanas la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) insista en su proyecto de ley constitucional solicitando el supuesto restablecimiento de la Constitución Política de 1979, de la que se eliminarían los artículos vinculados al régimen económico, reemplazandolos con los preceptos neoliberales establecidos por Fujimori en 1993.

Como ya hemos comentado, el artículo segundo del proyecto de la CPA repite literalmente, uno por uno, los principios neoliberales contenidos en el régimen económico de la Constitución hecha aprobar por la autocracia neoliberal de Fujimori. Entre ellos destaca el precepto de subsidiariedad del estado.

Es claro que si se elimina el régimen económico establecido por la Constitución de 1979 y en su lugar se mantiene en vigencia los capítulos económicos de la Constitución de 1993, lo que tendríamos es una Constitución de 1979 neoliberalizada. El objetivo de las movidas alanistas sería entonces el de constitucionalizar el fujimorismo económico, es decir constitucionalizar definitivamente el neoliberalismo.

¿Qué sostiene el principio de subsidiariedad del estado?

El principio de subsidiariedad del estado es uno de los dogmas básicos de la ideología neoliberal. Afirma que el estado no sólo es ineficiente en materia económica sino que con sus medidas de política induce al sector privado a operar ineficientemente. Por ello, el estado no debe participar en las actividades económicas, las que deben dejarse en manos de los empresarios privados.

De acuerdo con este principio, sólo por excepción y en forma subsidiaria, el estado puede participar en la actividad económica del país. La organización, funcionamiento y dirección de la economía deben quedar en manos de los mercados y del sector privado.

¿Cuál es el dispositivo legal que consagra actualmente en el Perú la subsidiariedad del estado?

Con toda claridad, el régimen económico impuesto por la Constitución neoliberal de 1993 establece la vigencia del principio de subsidiariedad del estado cuando afirma en la segunda parte de su artículo sexágesimo que “sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.”

¿A qué conduce la aplicación de la subsidiariedad del estado?

En la práctica, conduce a una división de responsabilidades económicas y políticas entre los sectores privado y público.

De acuerdo con la subsidiariedad del estado, ¿cuál es el ámbito de acción del sector privado?

El ámbito de acción del sector privado es el campo económico, en el que debe gozar de amplias libertades (libertad para invertir capitales, libertad para retirarlos del país, libertad para contratar trabajadores, libertad para despedirlos, libertad de establecer y operar empresas, libertad de cerrarlas, etc.).

El estado no debe entrometerse en la actividad económica privada con políticas intervencionistas. Por ello debe rechazarse cualquier intento estatal de regulación o control como pueden ser la explotación pública de los recursos naturales del país, la creación de empresas estatales, los controles de precios, los controles de cambios, o la fijación de las tasas de interés.

Para cumplir con la subsidiariedad del estado, ¿cuál debería ser la política económica del estado?

En el supuesto caso que el estado deba poner en efecto políticas económicas, éstas deberían limitarse a la defensa de las libertades económicas y a la protección del funcionamiento de los mercados. Los instrumentos de la política económica estatal que puedan operar sobre los precios –el sistema nervioso de la economía capitalista– deben asegurar que ellos se fijen por obra de las fuerzas del mercado, es decir por la interacción de la oferta y la demanda, sin participación del estado. Por esa razón, las tasas de interés, la tasa de cambio, las tasas de salarios y los precios de bienes y servicios deben ser libres, no debiendo el estado intervenir en su fijación.

De acuerdo con la subsidiariedad del estado, ¿cuál es el ámbito de acción del sector público?

El ámbito de acción del sector público es fundamentalmente el campo no económico. El estado debe encargarse de aquellas actividades que no sean atractivas para el empresario privado por su escasa o nula rentabilidad, o por su alto riesgo neto. Entre estas funciones se señalan las de defensa nacional, el mantenimiento del orden interno, la operación del sistema judicial, la vigilancia del cumplimiento de los contratos, y la provisión de obras de infraestructura.

Desde el punto de vista político, un estado cuyas funciones estén limitadas a las actividades anteriores es un estado-gendarme, pues sus atribuciones fundamentales son militares, policiales y judiciales. Desde el punto de vista económico ese mismo estado-gendarme es un estado-subsidiario, en el que los mercados supuestamente «libres» dirigen la economía. (En realidad, la hegemonía económica la detentan los grandes empresarios privados, extranjeros y nativos.) Por eso puede afirmarse que el estado-gendarme y el estado-subsidiario son las dos caras de la misma moneda llamada estado neoliberal.